La decisión final de la Comisión Europea ,
consistente en matizar su posición inicial, de obligar a devolver las ayudas
concedidas entre 2007 y 2011, en lugar de entre 2005 y 2011, y de limitar esta
devolución a los inversores, en lugar de extenderla a los astilleros y a los
armadores, puede parecer, desde una perspectiva comunitaria, que suaviza el
rigor con el que la Comisión ha pretendido aplicar la normativa vigente y que,
con esta suavización, evita condenar al sector a su desaparición o poco menos,
cuestiones éstas, en particular la última, discutibles.
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